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Consumo Responde

 

 

 

RETRASO EN VUELOS 

El centro de estudios juridicos organiza un curso para fiscales sobre la defensa de los derechos e inteses generales de los consumidores y usuarios: La acción de cesación en defensa de intereses generales, colectivos y difusos, de los consumidores y usuarios.  Ver Programa

El Excmo. Sr.  Juan Antonio Xiol  Rios, Presidente de la Sala Primera (de lo civil) del Tribunal Supremo, comentó la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 que, si bien no declara genéricamente la nulidad de las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios, sí declara la nulidad de cláusulas suelo concretas, predispuestas en sus contratos de préstamo por las tres entidades financieras condenadas. Comentó la sensibilidad que la Justicia ha de tener a la hora de poner freno a condcutas abusivas de las grandes empresas en perjuicio de los intereses generales de los consumidores, la necesidad de huir del clásico positivismo jurídico que impregna la Justicia en España - Jueces, Fiscales, Abogados, Doctrina y Jurisprudencia -, y admitir una nueva visión jurídica, al menos, en las relaciones de consumo, donde el principio liberal de libertad de las partes a la hora de contratar, deje paso al nuevo Derecho de Consumo, que se implanta desde Europa en España a través de Directivas a partir del año 1993 (Directiva 93/13 sobre la protección de los consumidores y usuarios). La Fiscalía General, con este segundo Curso de Consumo para Fiscales de toda España, pone de manifiesto su voluntad firme de asumir funciones que le competen constitucionalmente - art. 51 - y por su propio Estatuto Profesional, así como expresamente por el artículo 11 de la LEC que les legitim para el ejercicio de las acciones de cesación en defensa de los intereses generales, colectivos y difusos de los consumidores y usuarios. Los fiscales debatieron sobre el origen, naturalleza, ámbito y alcance de su legitimación, así como sobre los casos en que verdaderamente debe intervenir la Fiscalía, concluyendo que Fiscalía debe ser garante de la defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios, personándose en los procedimientos, incluso iniciándolos, siempre que consideren que los derechos e intereses de los consumidores y usuarios afectados no están debidamente garantizados por otras entidades también legitimadas.